La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este 20 de febrero de 2026 que los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales porque excedieron su autoridad presidencial. El fallo de mayoría 6-3 determinó que solo el Congreso tiene poder constitucional para imponer tarifas, y que la ley que Trump invocó (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) no le otorga esa facultad.
Contexto legal y contenido del fallo
El tribunal concluyó que la IEEPA una ley de emergencia económica de 1977 permite al presidente regular importaciones en una crisis, pero no autoriza imponer impuestos o aranceles amplios sin autorización clara del Congreso. El poder para gravar importaciones está reservado constitucionalmente al Legislativo, por lo que la medida ejecutiva de Trump fue invalidada.
La decisión se apoya en la llamada “doctrina de las grandes cuestiones”, que exige una autorización explícita del Congreso para decisiones de gran impacto económico.
Impacto económico y reembolsos
Analistas estiman que más de 175 mil millones de dólares en ingresos arancelarios recaudados bajo esos gravámenes podrían estar sujetos a reembolsos a empresas importadoras si los tribunales inferiores lo ordenan.
Respuesta de la Casa Blanca
Tras el fallo, Trump anunció planes para establecer un arancel global temporal del 10 % por 150 días bajo otra ley (Trade Act of 1974), buscando reemplazar los gravámenes anulados mientras continúa su política comercial agresiva.
Repercusiones globales
El rechazo de los aranceles ha tenido eco internacional, con socios comerciales calificando la medida como injustificada y sectores industriales celebrando la decisión como un retorno a reglas comerciales basadas en acuerdos y leyes claras.
El fallo marca un revés significativo a la agenda económica de Trump y subraya las limitaciones del poder ejecutivo para definir política comercial sin respaldo legislativo.
