La ONG Provea alertó sobre un «ataque sistemático» contra activistas sociales en Venezuela, tras una serie de detenciones de sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones civiles, lo que califican como una política de Estado dirigida a silenciar la opinión crítica.
El coordinador de Exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, señaló que el gobierno de Nicolás Maduro estaría ampliando la persecución que antes se centraba en el activismo político, ahora hacia líderes sociales y comunitarios.
Entre los casos denunciados se encuentra la detención del profesor y dirigente sindical Roberto Campero, la abogada Rusbelia Astudillo —defensora de jubilados—, y la activista Martha Grajales, quien fue arrestada tras participar en un acto frente a la sede de la ONU en Caracas. Grajales recuperó su libertad bajo medidas cautelares luego de la presión de organismos internacionales.
Alvarado advirtió que “nadie está a salvo en este momento”, al recordar también la captura de aficionados del club de fútbol Deportivo Táchira, de los cuales algunos aún permanecen detenidos.
De acuerdo con la ONG, además de sindicalistas se han arrestado a economistas y profesionales de distintos gremios, presuntamente para evitar que difundan cifras o análisis diferentes a los presentados por el gobierno.
Asimismo, denuncian que los detenidos enfrentan desapariciones forzadas y largos periodos de incomunicación, sin acceso a familiares o abogados, lo que —según Alvarado— se ha convertido en una práctica recurrente desde las elecciones presidenciales de 2024.
“La acción judicial en cuestiones de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas no tiene ninguna efectividad”, concluyó el representante de Provea.
📌 Con información de EFE
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