La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptó la Resolución 2/2023, donde otorgó las medidas cautelares a favor de los once jesuitas de Cerocahui, en Urique.
De esta forma, la CIDH, solicitó a los gobiernos federal y estatal proteger a los miembros de la comunidad jesuita, tras “considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Según el comunicado que emitió la CIDH, los jesuitas son víctimas de amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, de manera que no pueden continuar normalmente sus actividades.
Dicha recomendación llega luego de que en junio del 2022 asesinaron a dos sacerdotes en el interior de la iglesia, de manera que consideran las amenazas a los jesuitas como una actuación ligada a los hechos.
Pese a que el Estado informó el refuerzo de medidas de seguridad, la CIDH considera que no se estaría “implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las once personas de la comunidad jesuita”.
Conforme a las consideraciones de urgencia y lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, la CIDH solicitó al Estado de México lo siguiente:
- adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas, se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros;
- adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra;
- concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
