El Gobierno del presidente Donald Trump anunció que llevará ante la Corte Suprema de Estados Unidos su batalla legal para autorizar la militarización de Portland, Oregón, luego de que un tribunal inferior prohibiera el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en cualquier estado, pese a que las autoridades locales aseguran que la situación en la ciudad está bajo control.
Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró a la cadena FOX News que confían en que “la autoridad legal del presidente Trump para proteger los activos y al personal federal sea reivindicada por el tribunal superior”.
Durante una conferencia en el Despacho Oval, Trump volvió a arremeter contra la ciudad, asegurando que “lleva años en llamas” y defendiendo su intención de intervenir para sofocar lo que calificó como una “insurrección criminal”. Además, no descartó recurrir a la Ley de Insurrección, una normativa del siglo XIX que otorga al Ejecutivo la facultad de utilizar fuerzas militares para controlar disturbios civiles.
Las críticas hacia la Casa Blanca aumentaron después de que se revelara que el mandatario, en una reunión con altos mandos militares, habría sugerido utilizar las ciudades estadounidenses como “campo de entrenamiento” para las tropas.
Por su parte, el Pentágono informó que mantiene a las fuerzas tanto de Oregón como de California en estado de alerta, a la espera de nuevas órdenes presidenciales.
En contraste, las autoridades locales y estatales de Oregón insisten en que las manifestaciones se encuentran controladas y que se ha permitido la libre expresión tanto de los opositores a las redadas como de los simpatizantes del movimiento MAGA (“Make America Great Again”), aunque reconocen la detención de algunos individuos por provocar disturbios.
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