Tres elementos de la Policía Estatal de Coahuila fueron separados de su cargo y puestos bajo investigación tras ser señalados por presuntos actos de corrupción y extorsión en el arco de seguridad ubicado en la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del municipio de Ramos Arizpe.
De acuerdo con testimonios y un video que comenzó a circular en redes sociales, los agentes habrían convertido este punto de revisión en una verdadera “mina de oro”, extorsionando a automovilistas, principalmente paisanos, mediante amenazas y señalamientos de supuestos delitos.
🎥 El video que destapó el caso
En las imágenes difundidas se observa cómo los agentes detienen a dos conductores y los amedrentan con presuntas infracciones y delitos, con el objetivo de presionarlos para entregar dinero a cambio de permitirles continuar su viaje.
En el material audiovisual, uno de los elementos incluso menciona que por faltas como licencia vencida, otras víctimas suelen entregar hasta mil pesos, minimizando la cantidad ofrecida por los conductores y dejando ver que la práctica era recurrente.
Según la denuncia, el agente llegó a exigir hasta 25 mil pesos.
⚠️ Un punto vigilado… pero no inhibido
Llama la atención que estos hechos ocurrieran en un arco de seguridad que, en teoría, opera las 24 horas, cuenta con múltiples cámaras de videovigilancia y está conectado directamente al sistema C4.
Pese a ello, los elementos señalados presuntamente operaban sin temor, lo que abre cuestionamientos sobre la supervisión interna y los mecanismos de control en estos filtros de seguridad.
📄 Tarjeta informativa oficial
Durante la tarde del 29 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila confirmó, mediante una tarjeta informativa, que tres elementos de la Policía Estatal fueron cesados por su presunta participación en hechos de corrupción ocurridos el 30 de noviembre.
La dependencia informó que, una vez que tuvo conocimiento de los hechos, actuó de manera inmediata, separando a los agentes de sus funciones y abriendo la investigación correspondiente.
La SSP reiteró su política de Cero Tolerancia a la corrupción, subrayando que nadie está por encima de la ley, especialmente cuando se trata de elementos encargados de la seguridad pública.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso o irregularidad a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
🔎 Un caso que exige vigilancia ciudadana
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la importancia de la denuncia ciudadana, la transparencia institucional y la rendición de cuentas, especialmente en corporaciones que tienen la responsabilidad de proteger, no de extorsionar.
